Revista Digital de la
Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales

ISNN Nº 1999-5377

 

RD.ABCJP   Nº 2,  Junio 2008

Cita: Valverde Perez, Roger: Legislación penal boliviana orientada a combatirla corrupción. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, (en linea) RD.ABCJP Nº2 06-2008 Disponible en Internet : http://www.nunezdearco.net/ABCJP/R.D._2_valverde.htm ISSN   1999-5377


 

LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA ORIENTADA A COMBATIR LA CORRUPCIÓN *

Roger Valverde Pérez

 Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal

Universidad Franz Tamayo y Universidad Salesiana

Juez Instructor en lo penal de la ciudad de La Paz.

 

* Ponencia presentada en el Segundo Seminario Internacional de Actualización en Derecho Penal realizado en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz el 22 de febrero de 2006.

 

¿Qué es la corrupción para la Organización de los Estados Americanos (OEA)?

“Es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los Gobiernos del Hemisferio y por eso se comprometieron en la Cumbre de Miami, a través de sus jefes de Estado y de Gobierno, a promover y ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo”

 

Según Transparencia Internacional ¿cómo está calificada Bolivia?

El Periódico La Prensa de 21 de octubre de 2004 señalaba “Bolivia se encuentra entre 60 países del mundo con un índice de “corrupción endémica”, como calificó en su último informe, basada en “encuestas y sondeos proporcionados entre 2002 y 2004”, Transparencia Internacional (TI), organización no gubernamental con sede en Londres, Reino Unido.
Bolivia, que en un similar documento el año pasado ocupó el nada envidiable puesto 106 entre 133 países, este año fue ubicado en el puesto y rango 122 de entre 146 naciones, con una calificación de 2,2 puntos sobre 10 del Índice de Percepción de Corrupción (ICP)”

 

¿Cuánto Cuesta la Corrupción?

Según la encuesta Nacional de Costos de la Corrupción para los Hogares de Bolivia, financiada por USAID a través de Casals y Associates, en cooperación con el Programa de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción de Bolivia,   “Se estima que la corrupción reconocida por los hogares respecto al uso de servicios públicos representa anualmente un gasto de 905 millones de Bolivianos (equivalente a 115 millones de dólares).

Este monto es equivalente a casi la mitad del déficit fiscal, al 25% de la inversión pública proyectada para el 2005, al 5% de lo que Bolivia exporta y a la mitad de la deuda que tiene Bolivia con el Fondo  Monetario Internacional. 

En promedio, los hogares bolivianos dedicaron anualmente 400 Bolivianos o 50 dólares (equivalente al 90% del salario mínimo mensual) en el pago de coimas para acceder a los servicios públicos medidos.

Casi la mitad de los hogares de Bolivia (984 mil) acepta haber pagado al menos una coima en el último año para obtener alguno de los servicios públicos medidos”.

 

Convención Interamericana Contra la Corrupción

En el año 1996 los Estados Miembros de la OEA, adoptaron la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), constituyéndose en el primer tratado de esta naturaleza a nivel mundial. Este instrumento de carácter internacional, describe en el art. VI los actos de corrupción que deben ser sancionados por la legislación interna de los Estados partes, exhortándolos a través del Art. VII a que incorporen estas conductas.   Asimismo,  menciona los mecanismos de cooperación internacional para una eficiente lucha contra el flagelo de la corrupción.  Esta Convención ha sido ratificada por Bolivia el 29 de marzo de 1996, habiendo depositado el Instrumento en fecha 2 de abril de 1997.

 

Legislación interna

1. Constitución Política del Estado.

 

El art. 45 de la Ley de Leyes señala “Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de un cargo público a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determina la Ley”.  El art. 92  también se refiere al juramento que deberán prestar el  Presidente y Vicepresidente de la República para ejercer sus funciones en estricta sujeción a la  Constitución. Este aspecto se hace extensivo a todos los funcionarios públicos.

 

2. Código Penal

El mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento del art. 45 de la Constitución Política del Estado, es el  art. 149 de la Ley sustantiva penal “El funcionario público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión de su cargo y no lo hiciere, será sancionado con una multa de treinta días”.   En este orden se debe tomar en cuenta los delitos cometidos contra la función Publica tipificados en los artículos 142 al 152 y los arts. 173 y 174 que tipifican el consorcio pasivo del Juez y el consorcio de jueces y abogados.

Especial mención me permito hacer del art. 185 bis que tipifica la Legitimación de ganancias ilícitas, es importante señalar que no obstante que esta disposición legal se encuentra vigente ya varios años, hasta la fecha existen dos interpretaciones: unos  señalan que es un delito autónomo y que no es necesario probar el delito precedente y otros que afirman lo contrario.  Por esta razón es que no existe ninguna resolución donde los Tribunales de Justicia se hubieran pronunciado aplicando exclusivamente el art. 185 bis.

 

3. Código Tributario

Es otra disposición penal que en su art. 89 tipifica el delito de contrabando y las agravantes en el art. 105, entre ellas cuando colabore en esta actividad ilícita un funcionario público en razón del cargo.

 

4. Código de Procedimiento Penal y otras leyes penales

Si bien es cierto que es responsabilidad del Estado a través de los mecanismos pertinentes imponer una pena privativa  de libertad a las personas que infringen la normativa penal,  en los delitos de corrupción, esto no es suficiente, es por ello que el legislador boliviano a través del Código Adjetivo Penal (Ley 1970) Art. 253 y 254 ha previsto como una medida cautelar de carácter real la incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, de conformidad con el Código Penal, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, la Ley de Aduanas y el Código Tributario. 

La Ley 1008 regula la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles que sean provenientes del narcotráfico y el D.S. 24196 reglamenta la aplicación de esta medida.  También la Ley General de Aduanas en los art. 191 y 201 regula la aplicación del decomiso como una medida cautelar de carácter real de aquellos bienes relacionados con el contrabando.

Tomando en cuenta que los delitos de corrupción y los vinculados a organizaciones criminales, tienen como escenario del crimen dos o más países, el Código de Procedimiento Penal contempla la cooperación judicial y administrativa internacional y también la extradición como uno de los mecanismos para hacer efectiva la ayuda jurisdiccional recíproca.

 

Es importante aclarar que en este comentario no se han considerado otras disposiciones legales que están orientadas al combate de la corrupción y que se encuentran dentro del campo administrativo.

 

Como sugerencias para que sean consideradas y estudiadas en este y otros seminarios, me permito plantear las siguientes inquietudes:

 

a)                Será importante revisar el instituto de la prescripción previsto en el art. 29 y siguientes de la Ley 1970, recordar que en el art. 34 de la Ley referida, se establece que tendrán aplicación preferente las reglas sobre la prescripción contenidas en Tratados y Convenios internacionales vigentes.

b)                En la Legislación comparada de los países andinos y de otros países del continente como del resto del mundo, se tiene al agente encubierto y la entrega vigilada como una de las técnicas de investigación más efectivas para la investigación de los delitos de corrupción.  En Bolivia, de conformidad a lo previsto en el 282 del Código de Procedimiento Penal, solamente se aplica a los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas

c)                El art. 20  de la Constitución Política del Estado, señala “Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”.  Este mandato constitucional no permite aplicar esta técnica de investigación en los delitos de corrupción, será muy importante estudiar su modificación.

d)                En muchos tipos penales de los analizados, se establecen penas mínimas para aquellas personas que infrinjan esta norma, considero que es necesario un análisis para ver la conveniencia o no de sus modificación.

 

Cita: Valverde Perez, Roger: Legislación penal boliviana orientada a combatirla corrupción. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, (en linea) RD.ABCJP Nº2 06-2008 Disponible en Internet : http://www.nunezdearco.net/ABCJP/R.D._2_valverde.htm ISSN   1999-5377
 


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