Revista Digital de la
Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales

ISNN Nº 1999-5377

 

RD.ABCJP   Nº 2,  Junio 2008

Cita: Gonzales Duran, Mario: Las Penas privativas de libertad. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, (en linea) RD.ABCJP Nº2 06-2008 Disponible en Internet : http://www.nunezdearco.net/ABCJP/R.D._2_gonzalesduran.htm ISSN   1999-5377


 

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD*

Mario Gonzáles Duran

 Profesor de Derecho Penal

Universidad Real Mayor y Pontificia San Francisco Xavier, Sucre,

Director de los cursos de Maestría en Derecho Penal de la Universidad Andina, Sucre.

 

* Ponencia presentada en el Segundo Seminario Internacional de Actualización en Derecho Penal realizado en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz el 22 de febrero de 2006.

 

Introducción.

 

         El Estado con la prerrogativa que tiene para determinar los comportamientos delictivos y las sanciones consiguientes así como para establecer los medios científicos adecuados para la investigación de hechos delictivos y la persecución penal del autor o del partícipe del ilícito, cumple una función pública de máxima relevancia que permite comprender los alcances y objetivos de la norma penal. En ese ámbito, a partir de la vigencia de la ley sustantiva penal, se tiene que en Bolivia básicamente existen dos clases de penas: las principales y las accesorias. Entre las primeras se encuentran la privativas de libertad: presidio y reclusión, así como las no privativas de libertad que son la prestación de trabajo y los días-multa. Inicialmente la inhabilitación absoluta y la especial eran las dos penas accesorias previstas por la legislación punitiva del país; empero, con las modificaciones introducidas mediante Ley No.1768 de 10 de marzo de 1997, a la fecha únicamente rige la inhabilitación especial.

 

         En cuanto a las penas privativas de libertad, resulta menester resaltar que la imposición del presidio se halla prevista para delitos de mayor gravedad con un mínimo legal de un año y un máximo de treinta años conforme estatuye el art. 27-1 del Código Penal, mientras que la reclusión se halla establecida para ser aplicada a delitos de menor gravedad, siendo el mínimo legal un mes y el máximo ocho años de duración a tenor del art. 27-2 del mismo cuerpo de leyes.

 

         En tal virtud es posible afirmar que el legislador efectuó dicha disyunción de las penas privativas de libertad en consideración a la mayor o menor gravedad del ilícito evidenciada con la producción del resultado, así como en atención a la comisión del ilícito por acción o por omisión, con dolo o por imprudencia, de donde se infiere que a la hora de su imposición por el tribunal de justicia se materializa el contenido subyacente que conlleva.

 

Individualización de la pena.

 

El Capítulo II, Título III, Libro I del Código Penal a tiempo de reconocer la competencia del órgano jurisdiccional para la individualización de la pena y valorar los efectos de la agresión reprochable, instituye los factores indispensables para ser apreciados en términos de circunstancias concurrentes al acto criminoso sean agravantes o atenuantes, así como los relativos a la personalidad del agente, implicando ello la concurrencia del principio de proporcionalidad que avizora la administración de la justicia justa; empero, no excluye la posibilidad de considerables dosis de subjetividad a favor o en contra del condenado al momento de la individualización judicial de la pena; esto es, a tiempo de su imposición en el marco de la individualización legal contenida en la norma punitiva y que en  palabras de Francisco Muñoz Conde “la determinación legal relativa que combina las exigencias del legalismo (cantidad genérica de pena para el delito) con las exigencias propias del principio de igualdad o la necesidad de distinguir en cada caso concreto las específicas modulaciones de la gravedad del hecho con las características de su autor”.

 

Ahora bien: la legislación boliviana a más de imponer penas fijas o rígidas cuya cantidad y calidad son incuestionables en el instante de su aplicación y, por lo mismo, no admiten consideración alguna en torno a las circunstancias concurrentes al hecho delictivo y menos en cuanto corresponde a las atenuantes generales o especiales a tenor de los arts. 39 y 40 del Código Penal, tal cual acontece para hechos típicos como el asesinato, el parricidio y la traición (a la Patria); empero, otros comportamiento previstos y sancionados por la ley sustantiva penal son sancionados con penas indeterminadas tanto privativas de libertad como de otra naturaleza jurídica..

 

En ese entendido, las penas privativas de libertad concebidas latu sensu en el ordenamiento jurídico de Bolivia, cobran significativa importancia para asumir una postura doctrinaria en torno a su mutación o consolidación en una sola clase de pena y terminar con la inútil distinción de presidio y reclusión que sólo es válida en teoría para su explicación a partir de la mayor o menor gravedad del hecho, puesto que en la realidad más bien sobresale su inutilidad práctica toda vez que presidio y reclusión son penas que se ejecutan y cumplen en un mismo lugar de encierro, cárcel o penitenciaria, razón por la que la individualización ejecutiva de aquéllas no se cumple sino en forma relativa debido a la falta de infraestructura y medios propicios para el efectivo cumplimiento de los fines científicos de la pena.

 

La individualización legal de la pena permite al juzgador, en muchos delitos, como el aborto, el infanticidio, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el peculado, etc., la elección y consiguiente aplicación electiva del presidio o la reclusión según la magnitud del daño ocasionado, las circunstancias que motivaron la acción ilícita y, por cierto, en función de las características del autor relativas a su personalidad: edad, situación bio-psico-socio-pedagógica y circunstancias especiales en que se encontraba en el momento de la perpetración del ilícito. Por otra parte, factores anímicos como la premeditación y motivaciones baladíes, lo mismo que la agresividad manifestada con alevosía o ensañamiento, configuran el cuadro del suceso delictivo como agravantes que califican el hecho y, otros factores como los antecedentes de buena reputación, el arrepentimiento expresado mediante la reparación del daño, así como los motivos que indujeron a la comisión del ilícito consagran el marco de las atenuantes generales que, en una suerte de balance con las circunstancias agravantes, dan por resultado la clase de pena a imponerse (presidio o reclusión) y la cantidad temporal de ella.

 

Tratamiento procedimental.

 

Los Tribunales de Sentencia conformados por imperio de la Ley 1970 de 25 de marzo de l999, se hallan integrados por tres jueces ciudadanos o profanos en el campo del Derecho y por dos jueces técnicos o de carrera, los que en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones siguen el desarrollo del juicio oral y, particularmente, reciben “en bandeja de plata” las pruebas que se producen, para después deliberar y resolver la causa. En el acto deliberatorio los primeros en manifestar su criterio empírico son los jueces legos que, en acto de límpida conciencia (se supone), resuelven sobre la culpabilidad o absolución del incriminado. Ante la hipótesis de darse la primera situación y tratándose de ilícitos cuya pena privativa de libertad sea superior a cuatro años, deben pronunciarse también sobre si ella será de presidio o de reclusión, de donde se infiere no sólo la falta de conocimientos criminológicos de los jueces ciudadanos, sino la afloración de sentimientos afectivos de simpatía o antipatía, de emociones emergentes de la forma de ejecución del delito, de los avatares y experiencias vividas durante el desarrollo del juicio y otros que tiene que ver con el entorno social, particularmente tratándose de ciudades intermedias o capitales de provincia, en las que por ser poblaciones pequeñas, son claros los vínculos de amistad o enemistad, los sentimientos espirituales, etc., que generan una suerte de presión social en pro o en contra del convicto, de manera que la decisión judicial emitida por ellos contiene mucha subjetividad. En ese lineamiento pero con mayor ponderación, mesura y conocimiento de la ley, los jueces técnicos emiten su fallo que, de una u otra manera, sirve de orientación tácita las más de las veces y expresa en algunas ocasiones, al resto de los integrantes del tribunal, para la elección de la pena, lo que no acontece de ese modo en cuanto se refiere a la imposición temporal de ella.

 

Como puede advertirse, la individualización judicial de la pena soporta dificultades en el ámbito de la aplicación y elección de las penas privativas de libertad. Es más, aunque el tribunal emita la sentencia condenatoria e imponga reclusión o presidio, la dificultad continuará durante la individualización ejecutiva o penitenciaria de la pena debido a las falencias anotadas.

 

El colofón de la presente exposición tiene sustento en la mayestática constitucional puesto que por mandato del art. 228 de la Carta Fundamental referida a la primacía de ésta frente a cualquier otra ley, la normativa penal lo mismo que cualquier otra atinente a las demás ramas del saber jurídico, debe ceñirse a su marco directriz, lo contrario implicaría vulneración de la ley marco o inconstitucionalidad de la norma y, por tanto, inaplicabilidad de ella.

 

En esa línea maestra se tiene el Título II, Parte Primera de la Constitución Política del Estado referida a las garantías de la persona cuyo art. 9°, de manera explícita, dispone que “nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley…”. El art. 11° a su vez, sostiene que “los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente…”.

 

La inteligencia de dichas  disposiciones dogmáticas contrastadas particularmente con los arts. 26 y 27 del Código Penal, conducen a la certidumbre de una colisión en el manejo de locuciones no sólo semánticas ni  técnicas sino, de significativo contenido axiológico que ameritan su modificación para guardar concordancia con lo estatuido por la Constitución Política del Estado, puesto que si el texto legal de ésta alude en forma reiterada la expresión prisión (es) y no las de presidio y/o reclusión establecidas en la ley sustantiva penal, las disposiciones de este Compilado debe ajustarse necesariamente a la majestad constitucional.

 

El presidio, en palabras de Manuel Osorio, es una expresión anticuada; sin embargo, en la actualidad “se entiende por tal el establecimiento penitenciario en que cumplen sus condenas los penados por delitos graves…” y reclusión no es más que el “aislamiento o retiro, lo mismo que condena a una larga pena privativa de libertad con tal denominación”, mientras que prisión es “una pena privativa de libertad de duración y carácter variables o el establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de libertad por disposición administrativa o judicial”.

 

         Los conceptos anotados permiten arribar a la conclusión de que la pena privativa de libertad se patentiza en cualquier lugar, a través de modalidades diversas tal cual sucede en Bolivia y en otros países; empero, lo fundamentalmente rescatable es que resulta conveniente unificar en una sola clase las distintas formas de aplicación de la privación de libertad, por lo que aún manteniendo la mayor o menor gravedad del hecho criminoso, bien puede aplicarse la pena única de prisión,  porque finalmente, prisión es lo mismo que reclusión o presidio si se tiene en cuenta que mediante cualesquiera de esas formas de aplicar la pena, el lugar de cumplimiento de la misma no es otro que la cárcel o la prisión.

 

Al margen de dichas apreciaciones valederas e ilustrativas, es preciso reiterar que la legislación boliviana utiliza los términos presidio y reclusión para diferenciar la gravedad del hecho e imponer la mayor o menor rigurosidad en la pena, de ahí que el denominador común de dichas penas no es otro que la restricción del derecho ambulatorio que es inmanente a toda persona nacida bajo la égida de la libertad, más no a la caducidad ni siquiera desconocimiento de otros derechos igualmente inmarcesibles al hombre, como: emitir ideas y opiniones en forma libre a través de cualquier medio de difusión, trabajar, enseñar, formular peticiones conforme a derecho, etc. En síntesis, el privado de libertad sea en forma de presidio o de reclusión, cierto es que pierde su libertad de transitar libremente de un lugar a otro, pero no pierde su dignidad de hombre ya que tarde o temprano, probablemente más tarde que temprano, cumplirá su condena y recobrará su libertad a plenitud para vivir en paz con la sociedad y consigo mismo, respetando los derechos de los demás a fin de ser respetado y tratado como todo ser humano sin restricciones ni estigmas de naturaleza alguna.

 

No obstante lo dicho, esas penas privativas de libertad han ingresado en situación de crisis puesto que el fin para el que fueron concebidas cual es la readaptación o la resocialización del convicto ha fracasado, pues la carencia de personal altamente capacitado y la inexistencia de medios materiales para alcanzar dichos loables objetivos confabulan contra el espíritu de la ley de ejecución penal y supervisión así como de las modernas corrientes doctrinas del derecho penal ejecutivo. Por esas falencias deberían ser sustituidas por otras penas alternativas, tal cual sugiere de manera solvente Fernando Villamor Lucía. Es más, las penas privativas de libertad de  larga duración conllevan el peligro del contagio carcelario y sus consecuencias, pero si a ello se suman otros problemas como el alcoholismo, la drogadicción, la homosexualidad, la reiteración o reincidencia delictiva al interior del recinto penitenciario, el panorama del presidio, la reclusión o la prisión se agiganta.

 

Legislación comparada.

 

La legislación comparada es casi unívoca al imponer una sola pena privativa de libertad: la reclusión o la prisión, que en ambos casos incluye la detención preventiva y que, a la hora del cómputo final de la pena, se adiciona al total de la sanción impuesta, por ser parte anticipada de ella. Así la Sección V del Código Penal de Puerto Rico en sus Capítulos I y II al aludir a las clases de penas, prevé la reclusión y dispone que “la pena de reclusión consiste en la privación de libertad en la institución adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia. Las sentencias de reclusión contra menores de veintiún años deberán cumplirse en instituciones habilitadas para este grupo de delincuentes”.

 

El  Titulo III, Libro I del Código Penal Español reformado en 1995 a tiempo de clasificar  las penas en graves, menos graves y leves en función de su naturaleza y duración, dispone que es pena grave “la prisión superior a cinco años” y menos grave “la prisión de tres meses hasta cinco años”.

 

El art. 41 del Código Penal de Guatemala, explícitamente expresa que entre las penas principales, al margen de la de muerte, el arresto y la multa, está la de prisión que, a decir del art. 44 del mismo cuerpo de leyes “la pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para tal efecto. Su duración se extiende desde un mes hasta treinta años”.

 

La legislación penal ecuatoriana establece la reclusión ordinaria, extraordinaria o especial de acuerdo a la pena explícita correspondiente al tipo penal cometido, así como la reclusión menor ordinaria y extraordinaria.

 

La especificidad de penas estatuidas en la legislación extranjera citada precedentemente encuentra una generalidad en el Código Penal de Cuba, cuya Sección II, Capítulo III, Título VI dispone que “la sanción de privación de libertad no puede exceder del término de veinte años. Sin embargo -continúa- respecto a los delitos para los cuales se establece alternativamente con la de muerte, el tribunal puede extender su término hasta treinta años”, de donde se concluye que la pena principal no es otra que la privativa de libertad a secas, sin discriminar si será presidio, prisión o reclusión.

 

Conclusión.

 

         La discusión doctrinaria respecto de la terminología y alcances de las penas privativas de libertad denominadas presidio y reclusión tendrá, sin duda, propugnadores e impugnadores así como a los que asuman la fácil posición de dejar las cosas tal y como están; sin embargo, los comprometidos con la evolución permanente y contínua del Derecho, estamos en el deber y en la obligación de aportar con la producción del conocimiento para optimizar y perfeccionar los institutos jurídicos correspondientes al ámbito penal. En esa vía, teniendo presente la majestad de la norma constitucional y los argumentos de política criminal y penitenciaria exteriorizados, urge que el Poder Legislativo revise los contenidos y alcances de la preceptiva del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión con relación a las clases de penas privativas de libertad y, en definitiva unificarlas bajo la denominación de prisión, con las graduaciones pertinentes para su aplicación pertinente conforme a la  Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298 de 20 de diciembre de 2001 y el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad comprendido en el D.S. N° 26715 de 26 de julio de 2002 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.

 

Cita: Gonzales Duran, Mario: Las Penas privativas de libertad. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, (en linea) RD.ABCJP Nº2 06-2008 Disponible en Internet : http://www.nunezdearco.net/ABCJP/R.D._2_gonzalesduran.htm ISSN   1999-5377
 


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