Revista Digital de la
Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales

ISNN Nº 1999-5377

 

RD.ABCJP   Nº 1,  ABRIL 2008

Cita: Guzman Dalbora J.L.: Origen, Contenido y Crítica de la Imputación objetiva en el derecho Penal. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, RD. ABCJP, Nº 1, abril 2008. Disponible en Internet : hhttp://www.nunezdearco.net/ABCJP/rd_1_guzman.htm  ISSN 1999-5377


ORIGEN, CONTENIDO Y CRÍTICA DE LA IMPUTACIÓN

OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL **

 

 

Dr. Dr. h.c. José Luis Guzmán Dalbora

Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Valparaíso.

Ex catedrático de Derecho penal y de Filosofía del Derecho

en la Universidad de Antofagasta (Chile).

 

 **Reconstrucción de la intervención del autor en el II Seminario Internacional de Derecho penal, realizado en La Paz (Bolivia) los días 20, 21 y 22 de febrero de 2006.

 

1. La teoría de la imputación objetiva hizo su entrada en la dogmática penal durante los últimos treinta años. Sus adeptos, empero, le reconocen antecedentes en la primera mitad del siglo XX.

 

   Se suele nombrar la teoría de la relevancia, de Mezger, como la predecesora en el campo de la causalidad, de suerte que la imputación objetiva sería una continuación y perfeccionamiento de esa creación del neokantismo sudoccidental en las cuestiones criminales. Esta observación es fundamental para comprender el lugar sistemático de la imputación objetiva en la teoría jurídica del delito. Numerosos autores la consideran extraña a la relación causal que ha de ligar la manifestación de voluntad al resultado delictuoso, y prefieren incardinarla como un problema de tipicidad, al dictado de una rígida oposición entre los mundos del ser y del deber ser, se diría que tomada de la sentencia de Windelband: “la norma (ergo, la imputación basada en ella) no es nunca un principio de explicación, ni la ley natural (ergo, la causalidad) puede ser jamás principio de enjuiciamiento”. En lo cual, sin embargo, se pasa por alto que hay dos formas metódicas de concebir la causalidad. Conforme a la primera, ésta es un criterio ontológico, extraído de la realidad y antepuesto a la apreciación valorativa. Su ejemplo característico es la vieja teoría de la equivalencia de las condiciones. Con arreglo a la segunda, la causalidad es un criterio simplemente gnoseológico, de ordenación de nuestras representaciones sobre la realidad, con miras a explicarla en su substrato empírico y armonizarla con las exigencias normativas. Entonces, la relación causal ya no es sacada de la naturaleza, sino aplicada a ella. En este punto se sitúan casi todas las modernas construcciones sobre el particular en la dogmática punitiva: las teorías de la causa adecuada, la causa típica (o adecuación), la relevancia y, por cierto, la imputación objetiva. También en ésta se trata, pues, de una cuestión que afecta al primer elemento del delito, el acto, sólo que normativamente entendido. Lo subraya con acierto Fernando Villamor Lucía en Bolivia.

 

   Hecha esta advertencia, digamos que la noción de «imputación» es harto más antigua y de mayor alcance en el árbol jurídico. Como imputatio se encuentra ya en los juristas romanos de la época clásica. De ahí en adelante ha sido familiar en el mundo del Derecho con el significado de una atribución personal. Imputar, en efecto, es atribuir una culpa, delito o acción a alguien, para hacerle sufrir sus consecuencias. Pufendorf fue el primero en introducir en la doctrina del Derecho penal “el fundamental concepto de la imputación” (Welzel), tratándolo sistemáticamente. Para él, el fundamento de la imputación judicial de un hecho a su autor, era la específica relación de pertenencia a éste de una acción suya libre. En el siglo XIX Hegel retoma la noción. En su Filosofía del Derecho sostiene que persona es el sujeto que está determinado por su propia voluntad. En consecuencia, la imputación es un juicio a través del cual se decide de qué comportamientos o actuaciones una persona puede ser llamada a responder moral o jurídicamente.

 

   Con todo, la imputación, enclavada en la Filosofía jurídica, desciende propiamente al campo de la ciencia del Derecho sólo en el primer tercio de la vigésima centuria. En 1927 Karl Larenz publica su famosa investigación acerca de la teoría hegeliana de la imputación, adaptándola a su especialidad científica, el Derecho civil. Allí acuñó el rótulo de imputación objetiva, a la que él contempla como el juicio sobre si un suceso puede ser atribuido a un sujeto como suyo, en cuanto obra de su voluntad, y no como un hecho accidental. Esto reposa en la voluntad y previsibilidad humanas —previsibilidad objetiva— respecto del resultado, y el fruto del juicio es independiente, según Larenz, de la ulterior imputación subjetiva, donde se establece la valoración moral del acto. Tres años después, cuando aparece el célebre libro de homenaje a Reinhart Frank —célebre por el festejado y la importancia de las contribuciones ofrecidas a su figura—, Honig traslada la idea al Derecho penal. Como Larenz, critica la teoría de la equivalencia de las condiciones, todavía dominante en Alemania, a causa de la amplitud desmedida de las sucesiones fácticas determinadas a su abrigo, pero cuestiona, además, la teoría de la causa adecuada, que entretanto se venía abriendo paso en doctrina y jurisprudencia, por su propensión a emplear criterios subjetivos a la hora de calcular y prever los efectos de las acciones. En sentir de este autor, la relación causal tiene valor para el Derecho penal cuando quiera que está dirigida por la voluntad humana, si el agente puede prever y orientar su curso.

 

   En las construcciones de Larenz y Honig el eje de la imputación objetiva de resultados radica en la posibilidad de dominar la causalidad, separada así de los acontecimientos dictados por el azar. En cambio, en su versión actual la teoría se centra en la creación de un peligro jurídicamente desaprobado. La inspira la creciente —y, por momentos, radical— normativización de los conceptos jurídico-penales, y es su propósito limitar la responsabilidad penal, dar un mínimo común denominador a toda clase de delitos (dolosos, culposos, comisitos y omisivos), reconciliando la escisión derivada del finalismo a la unidad de un sistema teórico que absorbe la capa fáctica de las conductas examinadas en la regularidad de la apreciación valorativa, dar una explicación de los accidentes del delito, como la participación, la tentativa, etc. Conforme explica López Díaz, a consecuencia de la normativización actual de la teoría del delito, el tipo penal se construye sobre los requisitos del delito de omisión y del delito culposo: la posición de garante, propia del primero, pasa a ser parte integrante de la infracción comisiva; y la infracción del deber de cuidado, característica del segundo, transtermina también a la infracción dolosa. El elemento de enlace de esta heterogeneidad, precisamente, es la imputación objetiva de conductas y resultados.

 

 

2. En síntesis, la teoría en palabra postula que existe imputación objetiva de un resultado a su autor, cuando éste ha creado un riesgo jurídicamente prohibido, riesgo que se concreta en el evento vástago de su manifestación de voluntad y que pertenece al campo descrito por un tipo penal. Comprende, en este orden, tres exigencias: a) la imputación objetiva de la manifestación de voluntad, o sea, que ésta genere un peligro que el Derecho desaprueba; b) la imputación objetiva del resultado, es decir, la concreción del peligro oriundo de la acción u omisión en el resultado producido, y c) la pertenencia de ese resultado al ámbito de protección de la norma, del modo y de la manera en que el tipo capta sus manifestaciones reprobadas.

 

   Roxin, en su artículo Pensamientos sobre el problema de la imputación en el Derecho penal, publicado en el libro de homenaje a Richard Honig, dio moderno impulso a la contemporánea versión del problema. Luego han proseguido el desarrollo de su tesis él mismo y sus discípulos Rudolphi, Schünemann y Wolter, amén de otros autores no ligados a esa línea de pensamiento, como Jakobs y Frisch. La idea ha ejercido un gran influjo en la dogmática alemana y, seducidos por la novedad de la moda científica, entre numerosos criminalistas españoles e hispanoamericanos. Sin embargo, tropieza también con fuertes resistencias, según diremos al final.  

 

   Explica Roxin que la imputación objetiva en el Derecho penal supone determinar las circunstancias que hacen de un curso causal natural, establecido conforme a la única teoría válida en el mundo de la naturaleza, esto es, la de la equivalencia de las condiciones, una conducta típica. Para ello hay que tener en cuenta dos reglas fundamentales, a saber, la creación de un peligro no cubierto por el riesgo que el Derecho permite, siempre y cuando ese peligro se concrete en un resultado determinado, y que peligro y resultado se adecuen al fin de tutela del correspondiente tipo penal.

 

   Respecto de la creación de riesgos (imputación objetiva de la manifestación de voluntad), opina nuestro autor que no serían jurídicamente relevantes y habría que excluir del lazo de imputación: a) las acciones que disminuyen un riesgo, como quien desvía el proyectil lanzado a la cabeza de un tercero y hace que lo golpee en un brazo —con lo cual, dicho sea de pasada, el estado de necesidad justificante se convierte en causa de atipicidad—; b) las acciones que no engendran un peligro de importancia jurídica para el bien materia de la tutela, por considerárselas socialmente adecuadas, como la venta por un tabernero de bebidas alcohólicas hasta la embriaguez del parroquiano que luego, borracho, sube a su automóvil y atropella a un transeúnte, y c) las acciones que se mueven en el cauce de los riesgos permitidos, como el transporte público, la explotación de usinas y otros establecimientos de producción de bienes, o la práctica de deportes peligrosos, ya que si el titular de la actividad, o el que interviene en su ejercicio, habiendo observado todas las reglas de precaución que ella les impone, causan, no obstante, un resultado dañoso, éste no les sería imputable; o lo que viene a ser igual, el caso fortuito, límite de la responsabilidad subjetiva, se objetiviza asimismo como factor de exclusión de la actividad típica: de ésta se podrá hablar sólo cuando el agente supera el riesgo permitido en el desempeño de tareas de suyo peligrosas. A su turno, pese a la creación de un riesgo desaprobado o al incremento del riesgo permitido, la actuación desvalorada no permitirá imputación a su autor, suponiendo que su efecto en el mundo circundante no ha sido la concreción precisa del peligro en cuestión (imputación objetiva del resultado), v.gr., el automovilista que adelanta antirreglamentariamente al coche que lo precede en la carretera, pero el accidente resultante se debe al estallido de una de las llantas del vehículo, o el conductor que sobrepasa la velocidad máxima de circulación en zona de escuela y, al hacerlo, embiste a un adulto que irrumpe de improviso en la calzada.     

 

   Como ulterior criterio de delimitación de responsabilidades se erige que el resultado pertenezca al ámbito de protección de la norma. Aquí se despliega todo un abanico de casos, verbigracia: a) la participación en el hecho de que otro se coloque a sí mismo en una situación de peligro. Por ejemplo, que un heroinómano ceda a su compañero de orgía una dosis de la droga, y éste fallece por sobredosis tras la asunción del tóxico. La jurisprudencia alemana, que hasta 1982 castigó a ese “partícipe” como autor de un homicidio culposo, cambió de opinión, a la raíz de las críticas de la doctrina, ya que, no obstante darse un peligro intolerable desde el punto de vista de la comunidad, peligro que se concretó en el resultado mortal, la decisión propia y el peligro asumido conscientemente por el interesado impiden considerar su deceso como típico en el sentido del homicidio, y b) el consentimiento en una situación de riesgo propio, esto es, que el paciente se haga colocar por mano ajena en una condición de riesgo para él, pero con su conocimiento y anuencia, como quien pide a un conductor embriagado que le lleve en su vehículo o yace a sabiendas, sin adoptar resguardos, con alguien que padece una enfermedad venérea.

 

 

3. Por lo demás, la exigencia de la creación de un peligro jurídicamente desaprobado, ingrediente que, como quedó expuesto, se pretende común a toda suerte de delitos, sin importar su forma de ejecución o la faz subjetiva de su ocurrencia, quiere significar que no todo acto que ponga en peligro bienes jurídicos es relevante para las descripciones típicas, sino sólo aquellos que aparecen desvalorados por el ordenamiento en su conjunto. En llegando a este extremo, entran en consideración nuevas situaciones que suprimirían la posibilidad de la atribución objetiva de resultados.

 

   Primero, el riesgo permitido. Este concepto, todavía no despejado con entera claridad científica y algo reñido con el axioma de la legalidad penal, se remonta al proceso de acelerada industrialización durante la segunda mitad del siglo XIX y que continúa a pasos agigantados en nuestros días. La industrialización involucra el despliegue de actividades riesgosas de por sí, pero cuyo cumplimiento es indispensable para el desarrollo de las sociedades. Pues bien, en la medida en que la actividad acontezca dentro de las reglas y los límites impuestos en cada caso por el Derecho, se tratará de prácticas lícitas, que se enmarcan en el riesgo permitido, licitud que no desaparecería por el hecho de ocurrir algún episodio lamentable, como acontece a diario en la circulación de automotores.

 

   Segundo, el principio de confianza. Se basa en la idea, capital en el constitucionalismo moderno, de la autoresponsabilidad. Surgió originalmente en la jurisprudencia alemana, de nuevo a propósito del tránsito vial. A principios del siglo XX, cuando asoman los primeros vehículos motorizados por calles y avenidas de las grandes ciudades, no existía reglamentación alguna que ordenase su marcha y la de los atemorizados peatones, cocheros y aurigas. Incluso tras la introducción de ciertas ordenanzas mínimas, el conductor de una de esas máquinas horrendas y fétidas —así se describió a la sazón al automóvil—, que alteraron para siempre el paisaje urbano, debía contar de antemano con el comportamiento descuidado de los demás, por modo que si veía a un peatón al borde de la acera era su deber disminuir la marcha, ante la posibilidad de que el viandante atravesase abruptamente la calle. Este mandato de desconfiar fue pronto substituido por el principio opuesto, hoy reinante. La confianza implica que quien se conduce de acuerdo con las reglas del tráfico, puede contar con que los demás harán otro tanto, salvo que circunstancias especiales indiquen lo contrario. Andando el tiempo, su férula se ha extendido a otras materias problemáticas, sobre todo el trabajo en equipo y los comportamientos dolosos de terceros. Así, el médico que dirige una intervención quirúrgica puede confiar en que el personal a su cargo cumplirá cabalmente sus funciones. No tiene por qué responder si el instrumental de la operación no fue esterilizado según la regla médica por el auxiliar competente. A él le compete coordinar bien las distintas tareas e impartir a sus ejecutores órdenes claras y precisas. Todo lo cual, naturalmente, supone una delimitación apropiada de las funciones y que no haya algún factor que indique irregularidades en el trabajo conjunto o que uno de los partícipes no va a satisfacer como es debido su misión, como si el médico encargado de administrar la anestesia al paciente muestra un visible nerviosismo o descontrol.

 

   Tercero, la prohibición de regreso. La teoría de la imputación objetiva ha replanteado este viejo producto doctrinal, alumbrado por Frank. En épocas de neto predominio de la conditio sine qua non, el comentarista tudesco quiso limitar series causales y responsabilidades, merced a la cesura de las actuaciones culposas. En otras palabras: si entre la acción culposa de un tercero y un resultado delictivo se interpone el obrar doloso del artífice directo del último, no es factible retrotraer la secuencia para que la pena recaiga en el torpe. Piénsese en el marido que anuncia a su mujer que él se apresta a dejarla por otra fémina, a lo que ella responde con la amenaza de que, siendo así, segará la vida del hijo en común y luego se suicidará. El hombre desprecia la conminación, abandona la casa y poco después se entera de que su consorte hizo real su desvarío. La prohibición de regreso llevaba a concluir que en supuestos de este jaez no se da la causalidad, o mejor dicho, que habría una causalidad interrumpida. En cambio, nuestra teoría postula que este es un problema de imputación, no de nexos causales, dado que la causalidad natural es refractaria a cualesquiera interrupciones, que son, por ende, algo imposible, del mismo modo que tampoco existen los hierros de madera —en la metafóra de Max Ernst Mayer—. Antes bien, lo determinante es saber si el sujeto que con su actuación descuidada puso las bases de una situación proclive a la comisión de un delito, generó con ello un peligro jurídicamente desaprobado. Por consiguiente, la prohibición de regreso no es absoluta. En nuestro ejemplo, como el marido está en posición de garante de las vidas de su mujer e hijo, antes de abandonar el hogar conyugal debe tomar las providencias para proteger al menor y evitar la autodestrucción de la cónyuge.

 

 

4. El esquema que hemos presentado, en verdad apretadísimo y desde luego incompleto, quedaría aún más imperfecto sin nombrar las críticas que ha merecido esta elaboración científica.

 

   Era de suponer que las mayores procediesen de la trinchera finalista. Los secuaces del finalismo, el ortodoxo principalmente, le han objetado el empleo de conceptos imprecisos, como el peligro permitido y el peligro desaprobado, amén de la dificultad teórica de determinar la concreción de los riesgos. También se le reprocha el uso de conceptos consolidados al interior de la doctrina de la causa adecuada, como la previsibilidad, pero tratando de imprimirles un carácter objetivo artificioso. El aumento del riesgo —escribe Morselli— “no es más que una versión modernizada de los tradicionales criterios de la previsibilidad, de la evitabilidad, de la dominabilidad […], etc., que siempre han sido utilizados en doctrina y en jurisprudencia para establecer la responsabilidad del hecho, una vez verificado el nexo causal”. Es más, en muchos casos se mostraría como una construcción superflua, ya que la exclusión de la adecuación típica puede fijarse en el tipo subjetivo, sirviéndose para ello del dolo o de la culpa. Por estas razones, se ha calificado las cuestiones que pretende resolver la imputación objetiva como “pseudo problemas”, y a la teoría misma, como una “construcción inútil” y una de las “tantas complicaciones conceptuales, aunque sugestivas, de las que sufre hace algunos años […] la dogmática alemana”, con menoscabo de la claridad científica y del aprendizaje del Derecho.

 

   Tal vez el reparo más serio va por el lado de las consecuencias sistemáticas de la teoría, cuyo lógico punto de arribo es la destrucción de la estructura analítica del delito, ahora escindida en dos polos simples, uno objetivo y otro subjetivo —en visible retroceso a la dogmática decimonónica, que aún no conseguía identificar la tipicidad y aislar el injusto de lo culpable—, y el cambio total de enfoque de ese miembro esencial de la Parte general del Derecho penal, que ya no sería más una teoría del delito, sino una doctrina de la imputación. El adelantamiento del juicio de antijuridicidad al tipo y la construcción de un tipo total de injusto, son manifestaciones de aquella tendencia. Por más que vaya en mérito de la imputación objetiva haber reconsiderado la importancia del desvalor del resultado, tampoco es recomendable y hasta puede resultar fatal para la libertad del hombre, que se desande el trabajoso camino que condujo al refinado análisis de la infracción criminal.         

 

 Referencias bibliográficas:

Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho. Introducción de Carlos Marx. Traducción de Angélica Mendoza de Montero. Editorial Claridad, Buenos Aires, 2ª ed., 1955;

Richard Honig, Kausalität und objektive Zurechnung, en Festgabe für Reinhard von Frank. 2 vols. Mohr, Tübingen, 1930, t. I, págs. 174 y ss.;

Karl Larenz, Hegels Zurechnungslehre. Scientia Verlag, Aalen, 1970 (reimpresión de la edición de Leipzig, en 1927);

Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva. Centro de Investigaciones de Derecho penal y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000;

Max Ernst Mayer, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts. Lehrbuch. Keip Verlag, Goldbach, 1997 (reimpresión de la 2ª ed., Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1923);

Elio Morselli, Observaciones críticas acerca de la teoría de la imputación objetiva, en el volumen Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. “In memoriam”. 2 vols. Ediciones de las Universidades de Castilla-La Mancha y de Salamanca, Cuenca, 2001, t. I, págs. 1207-1215;

Claus Roxin, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, en Festschrift für Richard Honig. Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen, 1970, págs. 133 y ss.;

Claus Roxin, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Traducción de la 2ª ed. alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, y Javier de Vicente Remesal, Cívitas, Madrid, 1997;

Fernando Villamor Lucía, Derecho penal boliviano. Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni. 2 vols. Librería Editorial Popular, La Paz, t. I (Parte general), 2003;

Hans Welzel, La dottrina iusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII y XVIII. A cura di Vanda Fiorillo. Giappichelli, Torino, 1999;

Wilhelm Windelband, Normas y leyes naturales, en Preludios filosóficos. Figuras y problemas de la Filosofía y de su historia. Traducción del alemán por Wenceslao Roces. Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1949, págs. 257-284.

 

Cita: Guzmán Dalbora J.L.: Origen, Contenido y Crítica de la Imputación objetiva en el derecho Penal. Rev. Dig. Acad. Bol. Cienc. Jurid. Penal, RD. ABCJP, Nº 1, abril 2008. Disponible en Internet : hhttp://www.nunezdearco.net/ABCJP/rd_1_guzman.htm  ISSN 1999-5377


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